Actualmente nos encontramos en un situación clara de retroceso en el avance hacia la igualdad. Primeramente, hay que hablar en el grado correcto de gravedad que la violencia hacia las mujeres conlleva, teniendo, por tanto, que abandonar esa antigua calificación de crimen pasional o violencia doméstica o incluso, de género, ya que se trata de un acto de terrorismo hacia una parte concreta de la sociedad, que son las mujeres, dando así, un mayor realismo a su importancia, y a su consideración como problemática social, dejando de ser algo personal y familiar, pasando a ser algo político y que nos concierne a la humanidad en su conjunto.
En los últimos años, debido a la crisis económica que venimos sufriendo, junto al aumento evidente de los crímenes contra mujeres, se ensambla una disminución del presupuesto público, y una priorización de este que no antepone como preferente la eliminación de la violencia hacia las mujeres, decreciendo tanto en número, como en cuantía económica las ayudas recibidas desde la administración pública a las organizaciones que apoyan a las víctimas. Esto supone, por tanto, menores posibilidades de desarrollar medidas y recursos que apoyen la lucha contra la desigualdad de género, y contra la violencia que a ella se asocia, desde espacios en los que las mujeres víctimas se sienten más arropadas y cercanas.
Además, a esta disminución de la ayuda por parte de la administración pública, hay que sumar que esta crisis no sólo afecta en materia económica y social, sino también familiar, ya que donde hay problemas económicos, muchas veces, vienen asociadas presiones, conflictos y situaciones que pueden derivar en violencia dentro de la familia, de ahí, que se hace más necesario, si cabe, un mayor apoyo en medidas de erradicación de dicha violencia, lo cual va en contraposición a la disminución de apoyos al tercer sector, el cual actúa llevando a cabo dichas medidas de erradicación.
Es difícil aunar fuerzas para la eliminación de una violencia que atenta contra la integridad de la mitad de la población mundial, sobre todo, cuando las acciones se encaminan únicamente a responsabilizar a la víctima de la solución, con caminos como la denuncia, más aún, cuando se olvida que dicha denuncia no da resultados si no hay actuaciones más allá de ella. Hay que velar, porque desde todos los campos se involucren para cortar de raíz este problema. Esto se consigue a través de una educación que cree una conciencia de igualdad entre mujeres y hombres desde todos los ámbitos de una sociedad, de una manera transversal. Dicha educación no aparece por sí sola, es necesario que venga acompañada de una formación en igualdad de aquellas personas encargadas de transmitirla, ¿Cómo educar en igualdad sin haber recibido las bases para hacerla llegar? y, ¿cómo conseguir estos objetivos educativos si tampoco la educación es prioridad presupuestaria?
Para concluir, quiero dejar clara mi postura, en cuanto a la necesidad de que tome importancia la descentralización de responsabilidad de las mujeres como solucionarias de la situación de violencia, centrándose más en la educación y difusión de modelos y estereotipos no sexista e igualitarios, y en la realización de acciones para el cambio de conductas violentas de los agresores como responsables únicos de la situación.
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